La eliminación del subsidio al diésel, establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 83-2025, marca un punto de inflexión en la política energética del país. Esta medida, considerada un cambio estructural, busca corregir las deficiencias históricas del Estado en la gestión de combustibles y abrir el camino hacia un modelo de mercado más competitivo, así lo expuso esta mañana en rueda de prensa, Iván Casanova, Coordinador General de la Cámara de Distribuidores de Combustibles del Litoral.
De igual forma, señaló, “el sinceramiento de precios, aunque ha provocado protestas en algunos sectores sociales, es visto como una oportunidad para incentivar la participación del sector privado en la importación, distribución y comercialización del diésel. Con ello, se espera superar los perjuicios económicos que la falta de eficiencia estatal ha ocasionado a lo largo de los años”.
De acuerdo con experiencias internacionales, los mercados energéticos que logran mayor competencia terminan beneficiando a los consumidores finales, no solo mediante precios más justos, sino también a través de una mejor calidad en el servicio.
El decreto regula la libre importación de combustibles y establece un marco jurídico con incentivos para promover la inversión privada, eliminar trabas burocráticas y garantizar condiciones de competencia equitativas.
Uno de los principales objetivos de esta reforma es mejorar la calidad del diésel que circula en el país, un reclamo constante del sector transportista, que ha enfrentado dificultades por los bajos estándares del producto.
Finalmente, se hace un llamado a las organizaciones sociales y políticas a generar un clima de confianza y apertura al diálogo, con el fin de consolidar este proceso y avanzar hacia un modelo energético sostenible en beneficio de la República.
