La Asamblea Nacional del Ecuador activó su facultad de control político. El Pleno aprobó una resolución que ordena fiscalizar la compra de 60 trolebuses eléctricos en Quito, un proceso que involucra a la Alcaldía y a empresas públicas metropolitanas.

¿Qué resolvió el Pleno?

Con 79 votos afirmativos, la Asamblea dispuso que la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana inicie un proceso integral de fiscalización sobre las actuaciones del alcalde Pabel Muñoz y de las autoridades responsables de la contratación pública y la gestión administrativa vinculadas a la adquisición de los trolebuses.

Contraloría entra en escena

La resolución será remitida al Concejo Metropolitano de Quito, al Alcalde y a la Contraloría General del Estado, para que adopte las acciones que considere necesarias dentro de sus competencias constitucionales y legales.

Observaciones y monto del contrato

Durante el debate, el asambleísta Xavier Ordóñez, proponente de la iniciativa, indicó que existen observaciones relevantes de la Contraloría, con indicios de responsabilidad penal y glosas por millones de dólares, en un proceso de contratación cuyo monto bordea los USD 35 millones. Señaló que la fiscalización apunta al modelo de contratación pública y no a una sanción personal.

Llamado a la transparencia

Los asambleístas Luigi García y Adrián Castro coincidieron en la necesidad de garantizar procesos transparentes, responsables y apegados a la ley, especialmente cuando se administran recursos provenientes de impuestos y contribuciones ciudadanas.