Tres asambleístas del movimiento Construye, Patricio Carrillo, Camilo Salinas y Ana Galarza, advierten al presidente de la República electo, Daniel Noboa (ADN), sobre el grave costo político que significará no solo para su Gobierno sino para el Estado pactar con el correísmo en la Asamblea Nacional, ya que creen que en menos de un año estará sujeto a la extorsión a cambio de impunidad.

En la última semana se habló entre los sectores políticos sobre las posibilidades de un pacto político en la Asamblea Nacional entre el correísmo representado en el movimiento Revolución Ciudadana (RC), el Partido Social Cristiano (PSC) y la alianza de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), para tomarse la mesa directiva de la Asamblea Nacional que se instalaría el 20 de noviembre próximo; y eso significaría que el movimiento Construye se quede fuera de los acuerdos.

Patricio Carrillo, coordinador de los 26 asambleístas de Construye, indicó que avanzar en una negociación política con el correísmo es abrir la puerta en búsqueda de poder para la impunidad, y eso significa que la Revolución Ciudadana, en su momento, reclamará al Estado ecuatoriano una reparación bajo el argumento de que fueron perseguidos políticos, sin descartar que también exijan disculpas públicas.

Advirtió que los correístas buscan sembrar discordia en el país. “Al final, (resulta que) todos nos confabulamos: el Legislativo creando leyes para perseguirlos, el Ejecutivo con su estructura (para) presentar evidencias ante la justicia, y que la justicia con la Fiscalía maliciosamente los sentenció”, dijo.

Al lograr un espacio de poder, los correístas lo que harán es presionar la posibilidad de una amnistía desde la Asamblea Nacional para algunos que gobernaron el país; y por otro lado, buscarán que en la selección de jueces se logre poner a gente que los represente y luego “tumben todos los casos que los involucren; y, finalmente, el Estado terminará pidiéndoles perdón”.