Con 9 votos a favor, la Comisión de Garantías Constitucionales resolvió solicitar al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, 90 días de prórroga para presentar los informes para segundo debate del proyecto de Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral a Hijas, Hijos, Madres, Padres y demás Familiares de Víctimas de Femicidio, y para primer debate del proyecto de reformas la Ley de las Personas Adultas Mayores.
La legisladora Jahaira Urresta manifestó que “es obligación de la Asamblea Nacional dar trámite a los proyectos de Ley de mayor prioridad y es un derecho de los ecuatorianos contar con leyes bien hechas para su beneficio.
Además, la comisión continuó con el tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Discapacidades. En esta ocasión escuchó las observaciones de representantes del Servicio de Rentas Internas (SRI), de la Presidencia de la República, así como de activistas sociales.
Carlos Jaramillo, del SRI, respondió a los cuestionamientos del asambleísta, Adrián Castro, sobre los beneficios que reciben las personas con discapacidad. Entre ellos, indicó Jaramillo, consta la devolución del IVA, ingresos exentos hasta dos fracciones básicas desgravados del impuesto a la renta, rebajas en la adquisición de vehículos, exoneración del ISE en vehículos ortopédicos, deducción del 150 % del impuesto a la renta, para empresas que contraten personas con discapacidad.
Expresó que, como resultado de estas normas, 574 empresas ha sido beneficiadas por contratar a personas con discapacidad, y más de 185 mil beneficiados con la devolución del IVA.
De su parte, Gladys Morán, subsecretaria de Asuntos Regulatorios de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, realizó algunas recomendaciones como obtener un criterio sobre el impacto presupuestario que implicaría la concesión de becas completas para las personas con discapacidad; identificación del grado de discapacidad que tengan las personas para acogerse al teletrabajo; la importancia de que la ley sea igualitaria para todos.
De igual manera, recomendó que se recepte el criterio del BIESS, sobre la preferencia temporal para acceder a préstamos quirografarios e hipotecarios, que propone el articulado para las personas con discapacidad.
En representación de los activistas sociales, la comisión recibió a Verónica Capelo y Diego Villacrés. Los comparecientes se refirieron a la importancia que el proyecto de Ley asegure el acceso a la educación especializada. Capelo indicó como ejemplo, la falta de centros de atención especializada para niños con autismo. Recomendó al MIES y al Ministerio de Educación revaluar los programas de las mallas curriculares.
Diego Villacrés manifestó que la ley vigente tiene un sesgo direccionado a las personas con discapacidad física, porque fue planteada por activistas con este tipo de discapacidad. Solicitó a la mesa legislativa que revise las observaciones presentadas por este grupo vulnerable, a fin de rectificar el sesgo mencionado.
Al finalizar la sesión, Paola Cabezas, presidenta de la comisión, agradeció a los presentes por sus observaciones y aportes, e indicó que la Comisión de Garantías Constitucionales y la Asamblea Nacional impulsan la participación ciudadana para garantizar leyes que beneficien a los ecuatorianos, en especial, a los grupos prioritarios.
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