“Si nos damos cuenta, desde hace muchos años la criminalidad vinculada a los seudopolíticos, porque no son políticos sino delincuentes, y al narcotráfico ha permitido que en distintos lugares del país persistan entornos favorables a economías criminales que han encontrado en la corrupción judicial un vehículo de operación muy rentable. Así, entre 2022 y 2023 los hitos más dramáticos, escandalosos y absurdos sobre decisiones judiciales, que mantenían en asombro a toda la sociedad, han tenido lugar en dicha provincia (Guayas).
Ahora tenemos la oportunidad de evidenciar que no era una casualidad que esta provincia sea el epicentro de la desnaturalización del derecho”, declaró la fiscal general, Diana Salazar, durante la audiencia de formulación de cargos contra los doce procesados en el caso llamado Purga, en el que se investiga una red de delincuencia organizada, que se realizó entre la noche del lunes 4 y la madrugada del martes 5 de marzo.
Según la fiscal, el caso Purga surge de “la unión de dos armas letales para toda institución democrática: la corrupción judicial y la delincuencia organizada”. “La corruptela se genera desde las más altas esferas de la política legislativa, quienes han puesto a su servicio y al del narcotráfico toda la administración judicial de una de las provincias más importantes del país: Guayas”.
Los procesados en este caso son un exlegislador del Partido Social Cristiano (PSC) y su esposa; una expresidenta de la Corte de Guayas, ocho jueces y un secretario de la misma provincia; y la representante de una entidad pública. Nueve tienen orden de prisión preventiva y tres están con medidas sustitutivas.
Y Salazar anunció que próximamente vinculará a Manuel González, quien fue presidente de la Corte de Guayas hasta el pasado viernes 8 de marzo cuando presentó su renuncia al cargo.
A esto se agrega que en el caso Metástasis, en el que también se investiga el delito de delincuencia organizada pero relacionada con el narcotráfico, están procesados cuatro jueces y dos servidores de Guayas. En total hay 39 acusados, pero se vinculará próximamente a trece personas más.
Algunos abogados que litigan en la Corte de Guayas creen que la declaración de Salazar fue “desatinada” y hasta “regionalista”, porque el problema de corrupción en el sistema judicial es estructural, o sea, alcanza a todo el país, no es “exclusivo” de una provincia.
Fuente El Universo