El asesinato de la jueza penal Lady Gissela Pachar Huanga provocó una nueva crisis dentro del sistema judicial ecuatoriano. Tras el ataque ocurrido en Machala, el Consejo de la Judicatura anunció medidas urgentes, mesas técnicas y coordinación interinstitucional para revisar los esquemas de protección de jueces y funcionarios judiciales.
Medidas urgentes
El Consejo de la Judicatura informó que activará mesas técnicas para analizar mecanismos de seguridad y protección de operadores judiciales.
La institución sostuvo que el crimen: “representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador”.
Además, anunció coordinación con autoridades competentes para aportar al esclarecimiento del asesinato y fortalecer respuestas institucionales frente a amenazas contra funcionarios judiciales.
La protección no estaba operativa
El caso generó cuestionamientos sobre el sistema de resguardo asignado a la jueza. El Consejo de la Judicatura reconoció que Lady Pachar contaba con medidas de protección debido a amenazas previas, pero esas condiciones:
“no se encontraban operativas” al momento del atentado.
Según la Policía, la magistrada tenía nivel de riesgo “medio” y custodia policial asignada. Uno de los custodios se encontraba en Quito por capacitación y las autoridades investigan la ausencia del segundo agente.
El asesinato
La jueza fue atacada la tarde del 11 de mayo en el sur de Machala.
Según información oficial y reportes preliminares:
- dos hombres armados interceptaron el vehículo
- dispararon varias veces contra el lado del conductor
- el ataque ocurrió cerca de las 18:00
La magistrada se desempeñaba en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, provincia de El Oro.
Alerta en la Función Judicial
La Corte Nacional de Justicia también rechazó el crimen y advirtió sobre el impacto que genera en la independencia judicial.
En un comunicado oficial señaló que:
“este lamentable hecho atenta contra la independencia judicial y pone en riesgo la administración de justicia”.
El organismo pidió investigaciones inmediatas y protección para jueces, fiscales y servidores judiciales.
Contexto
Durante 2024, 2025 y 2026 aumentaron las alertas sobre amenazas contra operadores judiciales en Ecuador debido al avance del crimen organizado y estructuras narcodelictivas.
Jueces, fiscales y funcionarios judiciales han solicitado mayor protección tras amenazas.