La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 13 de febrero, aspira a cerrar la etapa de actuación de la prueba dentro del juicio político que se sigue en contra del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y el exvocal de ese organismo Juan José Morillo, acusados de arrogación e incumplimiento de funciones.
En la tarde y noche se espera recibir al legislador Carlos Vera Mora (PSC), para que sustente las acusaciones y, posterior a ello, los alegatos de defensa de parte de Fausto Murillo y Juan José Morillo, con lo cual finalizará la fase de sustanciación de la solicitud de juicio y comenzarán a correr cinco días, a partir del 14 de febrero, para que la mesa de Fiscalización debata y apruebe el informe que pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.
Fausto Murillo, como vocal del Consejo de la Judicatura, está acusado de no haber denunciado a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno tras la publicación de unos audios y que están judicializados, en los que supuestamente piden a jueces de Pichincha que fallen a favor para que Guadalupe Llori continúe como presidenta de la Asamblea Nacional luego de la presentación de una acción de protección.
También se acusa a Murillo de no pagar la homologación salarial, es decir, una aspiración que viene desde el año 2007 para los servidores judiciales, pero el vocal de la Judicatura en sus argumentos indicó que para proceder a ese pago se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue un presupuesto extraordinario.
Esta solicitud de juicio político fue presentada en el periodo legislativo anterior por los entonces asambleístas Luis Almeida, quien en ese momento pertenecía al Partido Social Cristiano (PSC), y Xavier Santos, como legislador de la Izquierda Democrática (ID). Pero con la instalación de la actual Asamblea Nacional el pleno resolvió continuar con el proceso y designó al legislador del PSC Carlos Vera Mora.
En el último día de prueba, la mesa se instaló pasadas las 09:00 y concluyó a las 13:12, donde rindió su versión la legisladora Viviana Veloz (RC), primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella ratificó que los acusados se arrogaron funciones en el momento que desconocieron la designación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román, y cuyas decisiones del CPCCS estaban blindadas por un dictamen de la Corte Constitucional (CC) del año 2019, pero que con el voto de Maribel Barreno procedieron a nombrar a Fausto Murillo como presidente temporal de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, cuando tenía que subrogar Álvaro Román.
Aseguró que los acusados vulneraron la seguridad jurídica al no observar el dictamen de la Corte Constitucional y que tenía fuerza vinculante, y que aplicaron la ley a la conveniencia de sus intereses y se designó a Murillo como presidente de la Judicatura.
Veloz reiteró en varias veces en su intervención que la bancada de la Revolución Ciudadana no ha planteado este juicio y tampoco votó para que este proceso continúe en la Asamblea Nacional, luego de la aplicación de la muerte cruzada. Que quienes propusieron el juicio en el anterior periodo legislativo fueron el socialcristiano Luis Almeida y el legislador Xavier Santos, que pertenecía a un grupo de asambleístas dirigido por el actual presidente de la República, Daniel Noboa.
Fuente El Universo