La noche del sábado 7 de junio de 2025, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó (con 84 votos a favor, 1 blanco, 10 abstenciones y 46 en contra) la Ley de Solidaridad Nacional del presidente Daniel Noboa, el nuevo nombre dado por la Comisión de Desarrollo Económico a la ley urgente enviada por el Ejecutivo para combatir las economías criminales.
La sesión estuvo marcada por una carga simbólica y política: el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, abrió la jornada con un minuto de silencio por los cuatro comerciantes secuestrados y hallados sin vida en una cisterna en Guayaquil, así como por los policías que capturaron a los sospechosos del caso y que luego fueron liberados.
La aprobación se da en un contexto de aguda crisis de seguridad. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, el país enfrenta un recrudecimiento de la violencia, producto de la confrontación con organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico.
Las tasas de muertes violentas han alcanzado niveles sin precedentes: según proyecciones citadas en el Pleno, Ecuador cerraría el año con más de 53 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio latinoamericano.
El proyecto, que tuvo aprobación unánime en la comisión con votos tanto del oficialismo como de la oposición, fue defendido por la asambleísta Valentina Centeno (ADN), presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico.
Durante el debate, Centeno afirmó que la ley responde al clamor ciudadano por seguridad y una reacción firme del Estado. Destacó que entre 2023 y 2025 Ecuador ha perdido USD 250 millones por delitos relacionados al robo de combustibles, razón por la cual se incorporó un capítulo específico sobre hidrocarburos.
La normativa establece nuevas reglas procesales, como ampliación de plazos para casos de flagrancia, obligatoriedad de prisión preventiva para delitos relacionados con crimen organizado y la especialización de jueces y fiscales por tipo de delito.
Fuente: Primicias
