El examen especial en el que la Contraloría General del Estado determinó que Sebastián Corral no debió ser designado ni posesionado como secretario general de la Administración Pública y Gabinete en el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, por ser accionista de dos compañías que mantienen contratos con el Estado, aún debe ser revisado por la Dirección Nacional de Predeterminación de Responsabilidades (Dipre) de la institución que es la encargada de imponer multas u otras sanciones administrativas o civiles.
“En el informe se señala claramente que hubo incumplimiento de normativa, señalando a diversos responsables, incluyendo al presidente de la República. Entonces, el siguiente paso con este informe es que pasa a la Dirección de Responsabilidades, la encargada de imponer multas u otras sanciones administrativas o civiles. Es un trámite que durará todavía algún pequeño tiempo, no es mucho lo que demora, y de allí se establecen las responsabilidades. Y luego vendrán seguramente etapas de impugnaciones”, explica el abogado Joffre Campaña, exsecretario jurídico de la Presidencia en el gobierno de Gustavo Noboa.
Campaña dice que solo a la Contraloría le compete establecer las responsabilidades que pueden ser multas administrativas, sanciones civiles o indicios penales.
Además de Corral, que estuvo en el cargo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de agosto de 2023, en el examen especial de Contraloría se menciona que otros funcionarios que tendrían responsabilidad serían el expresidente Guillermo Lasso y los funcionarios responsables de la Unidad de Talento Humano de la Presidencia, director, analista y especialista.
Fuente El Universo
