“Inacción o actuación sesgada” en una docena de casos de relevancia pública o política y “deficiente gestión administrativa” son las motivaciones del juicio político que presentó la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) en contra de la fiscal general, Diana Salazar.
El pedido de interpelación lo impulsa la legisladora correísta Gissela Garzón con el respaldo de sus coidearios. En el bloque hay 51 asambleístas.
En un documento de 100 páginas, Garzón expone una serie de supuestas “acciones u omisiones en los siguientes casos:
- León de Troya
- Encuentro
- INA Papers o Sinohydro
- Lesa humanidad. Octubre del 2019
- Fraude procesal en caso Freddy Carrión, exdefensor del Pueblo
- Caso Vacunados vip por tráfico de influencias y peculado contra el exministro de Salud Juan Carlos Zevallos
- Caso Tribunal Contencioso Electoral-Santiago Guarderas y Jorge Yunda
- Peculado y enriquecimiento ilícito contra Mauro Falconí, exministro de Salud
- Caso consulta popular 2018. Se usaron recursos públicos en la campaña electoral
- Petroecuador (Danubio)
- Sobornos
- Narcogenerales
Sobre estos procesos, en el pedido de juicio político se menciona que Salazar habría implementado “una verdadera justicia a la carta, selectiva, en la que el ritmo de cada investigación lo imponen los intereses políticos de la fiscal y grupos políticos de poder”.
“La fiscal general del Estado, encargada de investigar y procesar a personas que poseen fuero de corte, muy contrariamente a lo que sostiene públicamente, no es objetiva. Ha dejado de lado casos tan importantes como INA Papers, Reparto de Hospitales, Octubre 2019, Danubio, Narcogenerales, Pandora Papers, León de Troya, Encuentro, el asesinato de Rubén Cherres, Flopec, entre otros tantos. Esa responsabilidad es directamente imputable a la fiscal general ya que todos ellos tienen fuero de corte, bien sea porque involucran a un alto funcionario del Estado directa o indirectamente”, refiere el documento.
Respecto a su gestión se analizan tres cuestiones: productividad, acumulación de casos en investigación previa y la protección a la seguridad de los fiscales.
Fuente El Universo