Medidas urgentes

El Consejo de la Judicatura informó que activará mesas técnicas para analizar mecanismos de seguridad y protección de operadores judiciales.

La institución sostuvo que el crimen: “representa un grave ataque contra la justicia y el Estado de derecho en el Ecuador”.

Además, anunció coordinación con autoridades competentes para aportar al esclarecimiento del asesinato y fortalecer respuestas institucionales frente a amenazas contra funcionarios judiciales.

La protección no estaba operativa

El caso generó cuestionamientos sobre el sistema de resguardo asignado a la jueza. El Consejo de la Judicatura reconoció que Lady Pachar contaba con medidas de protección debido a amenazas previas, pero esas condiciones:

“no se encontraban operativas” al momento del atentado.

Según la Policía, la magistrada tenía nivel de riesgo “medio” y custodia policial asignada. Uno de los custodios se encontraba en Quito por capacitación y las autoridades investigan la ausencia del segundo agente.

El asesinato

La jueza fue atacada la tarde del 11 de mayo en el sur de Machala.

Según información oficial y reportes preliminares:

• dos hombres armados interceptaron el vehículo
• dispararon varias veces contra el lado del conductor
• el ataque ocurrió cerca de las 18:00

La magistrada se desempeñaba en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, provincia de El Oro.

Alerta en la Función Judicial

La Corte Nacional de Justicia también rechazó el crimen y advirtió sobre el impacto que genera en la independencia judicial.

En un comunicado oficial señaló que:

“este lamentable hecho atenta contra la independencia judicial y pone en riesgo la administración de justicia”.

El organismo pidió investigaciones inmediatas y protección para jueces, fiscales y servidores judiciales.

Contexto

Durante 2024, 2025 y 2026 aumentaron las alertas sobre amenazas contra operadores judiciales en Ecuador debido al avance del crimen organizado y estructuras narcodelictivas.

Jueces, fiscales y funcionarios judiciales han solicitado mayor protección tras amenazas.

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A través de un comunicado, la entidad aclaró que no ha entregado la información publicada por medios y que desconoce su origen. Además, subrayó que sus acciones de control se realizan bajo criterios técnicos, en apego a la ley y sin injerencias externas.

El pronunciamiento se produce en el contexto de los exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales de los jueces Alí L. y José Luis T., en los que —según la información difundida— se habrían detectado montos no justificados y omisiones en el reporte de activos.

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Un medio de comunicación nacional citó que en el caso de Alí L., las observaciones apuntan a valores superiores a USD 25.000 en cuentas nacionales y del exterior que no habrían sido plenamente justificados, así como a la omisión de una cuenta bancaria. Mientras que en el caso de José Luis T., se investigan aproximadamente USD 70.794 sin respaldo documental, además de la no declaración de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y diferencias en bienes reportados, según cita el medio.

Ambos informes habrían sido remitidos a la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar posibles responsabilidades penales relacionadas con el origen de los fondos, inconsistencias patrimoniales y eventuales omisiones en las declaraciones juramentadas.

La Contraloría recordó que estos exámenes tienen carácter reservado, de acuerdo con la ley, y que esta condición se mantiene incluso tras su envío a la Fiscalía, que asume la custodia de la información durante el proceso.

Asimismo, la institución indicó que los controles patrimoniales forman parte de una estrategia más amplia aplicada desde 2024 a funcionarios de todas las funciones del Estado, con el uso de herramientas tecnológicas como minería de datos y análisis automatizado.

Finalmente, el organismo reiteró que continuará con estas acciones de control, mientras las investigaciones avanzan en las instancias correspondientes.

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La captura se ejecutó como parte de la operación Fénix 9, desarrollada entre varios equipos policiales.

Según el reporte oficial, la mujer es considerada la principal dirigente de una estructura criminal de alcance transnacional, vinculada al tráfico ilícito de drogas a gran escala desde la provincia de Manabí, específicamente en el cantón Manta. La organización habría sido responsable del envío de al menos 20 toneladas de sustancias estupefacientes utilizando rutas marítimas del océano Pacífico.

Las investigaciones se iniciaron en 2020 bajo el nombre de caso Poseidón, cuando la Policía Nacional logró identificar la estructura delictiva y a sus principales integrantes. En abril de 2021, alias “La Señora” abandonó el país con destino a España, donde fue detenida por autoridades españolas con apoyo de agencias estadounidenses.

Posteriormente, el 30 de marzo de 2022, fue extraditada a Estados Unidos. Paralelamente, en enero de ese mismo año, la justicia ecuatoriana emitió una orden de detención en su contra por el presunto delito de organización o financiamiento para el tráfico de drogas. En 2023, su nombre fue incorporado en una difusión roja de Interpol.

En marzo de 2024, otros integrantes de la organización fueron sentenciados en Ecuador a penas de entre 16 y 19 años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico.

Tras su deportación desde territorio estadounidense, las autoridades ecuatorianas procedieron con su aprehensión inmediata en Guayaquil, donde quedó a órdenes de la justicia para continuar con el proceso penal pendiente en su contra.

Carmen A., de 51 años, registra dos órdenes de captura vigentes emitidas en enero y julio de 2022. Aunque no constan antecedentes previos en su historial judicial, es procesada por delitos relacionados con el financiamiento y organización del tráfico de drogas.

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Alias ‘Marino’, cabecilla de la organización criminal ‘Los Lagartos’, fue asesinado en una cancha de fútbol.

Una de las casas allanadas era de propiedad de Bryan Soria, quien fue asesinado meses atrás. Esa vivienda era habitada por Micaela M. Allí encontraron una chaquers de alias ‘Marino‘. Se presume que los dos mantenían una relación sentimental.

El allanamiento estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased) en la urbanización La Península.

Las viviendas se encontraban deshabitadas y solo hubo contacto con los representantes de la administración de la urbanización.

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Varela debía presentarse en la Fiscalía Provincial de Guayas, pero no acudió a la cita prevista para el lunes, 5 de enero de 2026.

Según el mencionado medio, el secretario provincial de la Fiscalía del Guayas certificó la ausencia.

¿Qué pasó en la audiencia?

La formulación de cargos se realizó el 19 de diciembre de 2025 en la Corte de Pichincha. Ahí se determinó la legalidad de las detenciones ejecutadas en Quito y Manta de Varela, José Luis Erazo, teniente coronel, y Rodney Rangel, excapitán de Policía.

En la audiencia, la fiscal provincial Mayra Soria solicitó prisión preventiva para los implicados por un “alto riesgo” de fuga. Sin embargo, no se tomaron en cuenta esos criterios y se dictó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.

Caso León de Troya

León de Troya trata sobre la investigación del narcotráfico y sus vínculos con la mafia albanesa. La Fiscalía argumentó que la Policía habría tenido conocimiento de las interceptaciones y seguimientos del caso cuando Varela estaba al mando.

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Glas se encuentra recluido en el centro penitenciario de Santa Elena desde el 10 de noviembre de 2025. A ese lugar fue trasladado desde la cárcel de La Roca, en donde permanecía en detención desde su recaptura, el 5 de abril de 2024.

El privado de libertad cumple sentencias por corrupción en el sector público durante el Gobierno de Rafael Correa: seis años por asociación ilícita (caso Odebrecht), ocho años por cohecho agravado (Caso Sobornos) y 13 años por peculado (Caso Reconstrucción). Esta sentencia se encuentra en primera instancia y la defensa del exvicepresidente aseguró que se apelaría.

El exvicepresidente entre 2013 y 2017 asistió a la audiencia de manera telemática y alegó un supuesto hostigamiento en su contra en el centro penitenciario, así como una presunta falta de acceso a medicinas y atención médica.

Por su parte, Richard Escobar, delegado del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), rechazó la versión presentada por Glas y su defensa, al apuntar que ha recibido atención médica constante, que incluyen visitas de personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el 20 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025.

Además aseguró que no se ha podido demostrar y carece de pruebas y fundamentos una denuncia de su defensa sobre «tratos crueles e inhumanos» y privación de alimentación. De hecho -apuntó- que desde su llegada a la Cárcel del Encuentro el 10 de noviembre, Glas ha recibido atenciones periódicas en medicina general, psicología, psiquiatría y enfermería.

La diligencia fue suspendida al mediodía, luego de que el juez Valverde indicara que no existía la presencia de un representante del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que evalúe a la persona privada de libertad y un supuesto informe médico, en los que se solicitaría que sea internado en una casa de salud. Delegados del SNAI, el Ministerio del Interior y la Procuraduría presentaron una objeción a este documento y pidieron que sea rebatido y contrastado por personal del MSP.

El magistrado aceptó el pedido y suspendió la audiencia. Esta se reanudará el sábado 27 de diciembre a las 08:30, con la presencia obligatoria de un miembro del MSP, para garantizar la transparencia del proceso.

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El juez afectado, Carlos Serrano, aseguró que miembros cercanos a Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, lo habrían presionado para que revise una sentencia por un caso de lavado de activos.

El magistrado señaló que en represalia a no acatar esta orden y actuar en derecho, tras condenar a Srdan a 10 años de prisión, se le retiró la seguridad policial y se le impidió presentar su renuncia.

El caso también salpica a Godoy debido a que su conviviente, Dolores Vintimilla, habría representado al narco en las etapas previas del caso.

El terremoto en el CJ se mantuvo durante este lunes 22 de diciembre de 2025, después de que el periodista Anderson Boscán difundiera en su canal oficial de YouTube un supuesto audio correspondiente a Henry Gaibor, director provincial del organismo en Pichincha, en el que presionaría a Serrano por el caso de lavado de activos y señala «que ponga un poco de atención al tema» y a la «defensa que habrían planteado».

En el Pleno de la CJ se pronunció sobre los audios y solicitó a la Fiscalía que arranque una investigación inmediata sobre los hechos. Además se solicitó la renuncia inmediata de Gaibor, a quien se atribuyen los audios.

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Esta decisión fue aprobada en la sesión ordinaria N.º 097-2025, en la que se presentó el informe final de investigación disciplinaria contra el juez F.H.A.Z.

Según el expediente, el 13 de julio de 2025 el magistrado envió desde su teléfono personal un video de contenido sexual explícito a una jueza colega, además de mensajes considerados misógenos.

El Consejo de la Judicatura señaló que estos hechos constituyen una vulneración directa a la dignidad de la víctima y afectan gravemente la imagen de la Función Judicial.

E caso será remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se determinen posibles responsabilidades penales.

Esta sanción implica una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, por lo que el caso fue remitido al Ministerio de Trabajo.

Además se impuso una sanción del 10% de su remuneración mensual al juez, por retrasos injustificados en una causa relacionada con delitos sexuales.

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Con 5 votos a favor, Carlos Alarcón fue designado fiscal general encargado por el pleno del Consejo de la Judicatura.

“No podemos permitir la acefalía de un organismo que dirige la investigación preprocesal y procesal de los delitos”, afirmó el presidente del organismo, Mario Godoy, tras la votación.

La sesión se instaló alrededor de las 19:45 con la participación de los cinco vocales recientemente designados por la Asamblea Nacional. Sin embargo, debido a un corte de energía eléctrica, la jornada fue suspendida de forma momentánea. Los vocales solicitaron al departamento de informática que investigue lo ocurrido junto con la Empresa Eléctrica de Quito.

Godoy explicó que para la designación del funcionario se realizó un “análisis riguroso” de los perfiles. El Departamento de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado remitió información sobre fiscales provinciales y coordinadores, que sirvió de base para la selección. Entre los criterios considerados estuvieron la trayectoria, la permanencia en la institución y la existencia de sanciones disciplinarias.

El presidente del Consejo de la Judicatura expuso un proyecto con dos opciones: un reemplazo en caso de ausencia temporal y otro en caso de ausencia definitiva. Según lo establecido por la Procuraduría General del Estado (PGE), la subrogación no es definitiva y podrá realizarse por un periodo máximo de 90 días.

Tras revisar los perfiles de los candidatos, se propusieron tres nombres: Susana Rodríguez, Jorge Cuazpaz y Carlos Leonardo Alarcón. La candidatura de Rodríguez fue desestimada debido a una amonestación recibida, lo que abrió paso a la designación de Alarcón bajo las dos modalidades,  encaso de ausencia temporal y definitiva

¿Quién es Carlos Alarcón Argudo?

Según lo informado por Mario Godoy, Alarcón cuenta con 23 años de trayectoria en la Fiscalía y actualmente forma parte de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Alarcón lidera la investigación en el caso Triple A, que investiga al alcalde de Guayaquil Aquiles A., investigado por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo.

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Los dos extranjeros, que estarían vinculados a la organización terrorista «Tren de Aragua», formaron parte de un grupo de 44 detenidos en la localidad, tras provocar disturbios, destruir las instalaciones de un cuartel policial e incendiar vehículos.

La cartera de Estado también señaló en un comunicado que las dos personas mantienen antecedentes penales y evidenciaría que las protestas en la localidad no serían «manifestaciones pacíficas, sino de operaciones articuladas por estructuras criminales«.

De hecho, el presidente Daniel Noboa expresó en su cuenta de X que las movilizaciones podrían haber sido financiadas por la organización criminal venezolana, considerada como terrorista por Ecuador y Estados Unidos.

Audiencias de flagrancia se realizaron en Otavalo

El Ministerio del Interior informó que de los 44 detenidos en los disturbios, cuatro fueron excarcelados, 11 recibieron medidas sustitutivas, cinco ya recibieron audiencia y otros 22 están a la espera de la misma.

El Gobierno Nacional aseguró que continuará comprometido con la seguridad ciudadana y «no habrá cabida para el terrorismo ni para quienes intenten desestabilizar la paz del país».

El ministro de Defensa se refirió al tema

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo se pronunció acerca del tema y dijo que «lo importante no es abatir, sino neutralizar al enemigo y sacarlo de circulación,» expresó en sus redes sociales.

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